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State of California Department of Justice
Rob Bonta
Attorney General
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SACRAMENTO – El Fiscal General de California, Xavier Becerra, anunció hoy un acuerdo parcial de $10.5 millones contra Curacao, resolviendo múltiples acusaciones de que la cadena minorista engañó y se benefició ilegalmente de su base de clientes mayoritariamente latinos. Curacao posee y opera nueve tiendas departamentales en el sur de California y comercializa activamente a consumidores latinos inmigrantes de bajos ingresos. El acuerdo incluye $10 millones en alivio de deudas para los consumidores que fueron perjudicados por la conducta de Curacao. El acuerdo también incluye un perdón adicional de deudas para los clientes que todavía le están pagando a Curacao por juicios ilegales de reclamos menores, más $500,000 en multas civiles. Es importante destacar que el acuerdo incluye términos cautelares que requieren que Curacao cumpla con la ley de California y trate a sus clientes de manera justa y ética.
"Curacao afirmó ser parte de la comunidad latina del sur de California. Luego procedió a defraudar a personas de bajos ingresos, hispanohablantes e inmigrantes con poca o ninguna experiencia en la celebración de contratos de financiamiento a largo plazo", dijo el Fiscal General Becerra. “Esta empresa despojó a sus propios clientes leales que simplemente entraron a sus grandes almacenes en busca de un trato decente. Curacao ahora tendrá que pagar por sus malas prácticas y obedecer una orden judicial que hará que la empresa trate a sus clientes de manera justa”.
“Los inmigrantes en el condado de Los Ángeles, particularmente aquellos cuyo idioma principal no es inglés, enfrentan retos significativos diariamente. Lo mínimo que deben esperar es ser tratados de manera justa y legal por las empresas que los sirven y comercializan en su idioma preferido,” dijo Rafael Carbajal, el director del Departamento de Servicios para Consumidores Y Negocios del Condado de Los Ángeles. “Estamos contentos que el Fiscal General haya asegurado asistencia para los consumidores que más lo necesitan, y que pudimos desempeñar nuestro papel para ayudar a mantener un mercado justo tanto para los consumidores como para las empresas que cumplen debidamente con la ley.”
El acuerdo de hoy contra Adir International, la empresa matriz de Curacao, y su propietario Ron Azarkman resuelve las acusaciones de que Curacao violó sistemáticamente las leyes de protección al consumidor de California cuando atrajo a los consumidores a sus tiendas con tasas de interés engañosamente bajas y artículos de "venta" agotados, se negó a vender artículos a los precios anunciados y llenó los contratos de los clientes con accesorios, garantías y servicios de instalación sin el conocimiento o consentimiento del cliente. El acuerdo también resuelve las acusaciones de que Curacao vendió garantías ilegales y embargó los salarios de los clientes después de obtener sentencias fraudulentas dictadas en rebeldía en su contra en tribunales de reclamos menores.
El Fiscal General demandó al minorista Curacao en octubre del 2017 tras una investigación realizada en asociación con el Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios del Condado de Los Ángeles. La demanda alegó que Curacao atrajo a los clientes promocionando precios bajos y crédito fácil, luego informó a esos consumidores que sólo podían comprar al precio anunciado después de comprar accesorios auxiliares, garantías o servicios de instalación. En otros casos, Curacao agregó elementos a los contratos de pago sin el conocimiento de sus clientes.
Curacao presuntamente no informó a los clientes sobre los términos importantes de contratos antes de pedirles que firmaran y, en algunos casos, les dio contratos a los clientes en inglés a pesar de que sólo hablaban español. Cuando los clientes intentaban devolver artículos a la tienda, frecuentemente se les decía que la política de devolución de Curacao — que no se les había revelado previamente — impedía que Curacao aceptara la devolución o resultaba en que Curacao cobrara una tarifa de "reabastecimiento" no revelada. La demanda también alegó que Curacao acosaba a los clientes, así como a sus familiares y empleadores, con llamadas y cartas de cobro de deudas repetidas.
El acuerdo también requiere que Curacao brinde alivio adicional a los consumidores afectados por sentencias de reclamos menores obtenidas ilegalmente. Cuando los consumidores se retrasaron en los pagos y sus cuentas se volvieron morosas, Curacao los persiguió en los tribunales de reclamos menores, pero a menudo no notificaban a sus clientes anteriores con las demandas como se requiere bajo la ley. Luego, los tribunales de reclamos menores impusieron sentencias por incumplimiento contra los consumidores, quien a menudo no se habían dado cuenta que habían sido demandados.
El acuerdo es un juicio estipulado que resuelve parte de la demanda del estado contra Curacao. Reclamaciones no resueltas relacionadas con los planes de protección de pagos ilegales y las prácticas de seguros de Curacao serán juzgados en la Corte Superior de Los Ángeles.
Curacao también ha aceptado términos cautelares que incluyen, entre otros, los siguientes:
El acuerdo de hoy se documenta en un juicio parcial estipulado que está disponible aquí.
Los consumidores no necesitan presentar una reclamación. Bajo los términos del acuerdo parcial, Curacao tiene que comunicarse directamente con los consumidores quienes son elegibles para restitución dentro de los próximos 60 días.